Lo siguiente no necesariamente es suscripto por el resto de los firmantes. Lo comento a título personal, sin consulta alguna a los mismos:
Luego de ocho meses, el gobierno de La Pampa eliminó las restricciones horarias y se amplió las capacidades permitidas. Esto no tiene ninguna relación causal con esta petición.
Las “nuevas medidas” comenzaron el 23/09/2021 y el argumento se basó en la reducción de los casos (22 ese día; esto no pareció ser relevante un año atrás, dado que el 23/09/2020 se reportaron 15 casos) y los altos niveles de vacunación (casi el 60% de la población con ambas dosis, ubicando a La Pampa como la cuarta provincia con mayor tasa de vacunación en el país).
Si bien celebro el fin de estas disposiciones irracionales y autoritarias, lamento que esto haya sucedido a raíz de un supuesto cálculo utilitarista (“supuesto” porque no parece ser casual que se tome la decisión diez días después de una derrota electoral importante) en lugar de encontrar la causa de la derogación en los argumentos éticos, en la protección de los derechos básicos: mientras no se lesionen derechos de terceros, cada uno es dueño de su vida y de su salud, y tiene derecho a arriesgarse, como lo hace con prácticamente cada decisión que tome.
Ha sido evidente que el debate ético ha ocupado un lugar secundario desde que comenzó la pandemia: ya nadie discute lo que está bien y lo que está mal, sino lo que “sirve” y lo que “no sirve”. Por si fuera poco, a esto último se lo analiza con parámetros dudosos: las autoridades han encarnado lo que Hayek llamó “la fatal arrogancia“, dado que tomaron medidas generales creyendo que acumulaban más conocimiento que la suma del que está disperso en toda la sociedad.
Es decir, opinaron que medidas tales como el cierre de locales comerciales (entre tantos otros ejemplos) era lo mejor “para todos”, ignorando las preferencias individuales de los propietarios o trabajadores de dichos locales: ¿qué saben los gobernantes (incluso si tuvieran el IQ de Einstein y supieran mucho) sobre qué es mejor para cada uno?
Habrá quienes prefieran quedarse en su casa y quienes opten por arriesgarse e ir a trabajar, dado que cada persona es distinta: cada uno corre distintos niveles de riesgos (ya sea en la posibilidad de contagiarse como así también en la de terminar en terapia intensiva o fallecer) y tiene diferentes necesidades (hay quienes pueden darse el lujo de no trabajar por un mes, hay quienes no pueden, etcétera).
Así como el gobierno nacional delegó decisiones en las provincias (porque cada una es distinta y sería un sinsentido tomar medidas generales como si fueran iguales y estuvieran todas en la misma situación; además, sería imposible que el presidente conociera mejor la realidad de cada provincia que su gobernador), los gobiernos provinciales delegaron algunas decisiones a los municipios (por igual motivo). Exactamente el mismo criterio debe adoptarse para cada individuo, porque, como ya se dijo, cada uno es distinto y porque nadie puede conocer mejor que esa persona las decisiones que tomaría en función de sus valoraciones subjetivas.
La imposición de medidas generales sólo podrán ser exitosas si se las mide con los parámetros de aquellos que las aplicaron, pero no con los de las valoraciones personales de cada uno (que es lo que verdaderamente importa). Esto no parece ser refutable, dado que se cierran todos los caminos:
- si todos coincidiéramos con las medidas, no sería necesaria la coerción (llevada a cabo durante casi un año y medio a través de las fuerzas represivas del estado);
- si algunos individuos estarían de acuerdo y otros no, los primero podrían cumplirlas sin que nadie los obligue (son libres de quedarse en su casa, no visitar a sus familiares o no circular después de las 0:00, por ejemplo, pero no de imponérselo a los demás).
Además de la ineficiencia explicada, lo más importante: las medidas restrictivas fueron profundamente autoritarias.
Personalmente, al error lo perdono, dado que se debe a premisas que considero equivocadas, que pueden discutirse.
Al autoritarismo, no. Ahí el problema no es ideológico sino ético.
Como decía Thomas Paine, “Todo hombre tiene derecho a dar su opinión, pero no tiene derecho a que su opinión gobierne a los demás”.
Espero que no volvamos a permitir estos atropellos.
Manuel E. Corcuera
(DNI: 42234510)
PD1: lamento que ni los medios provinciales ni las autoridades se hayan hecho eco de la petición.
PD: aprovecho para agradecerle a los más de 3.500 firmantes, como así también a las numerosas personas que lo compartieron, comentaron y nos hicieron llegar palabras de aliento.